martes, 24 de enero de 2012

Tras la reforma fiscal: los trabajadores españoles ¿ciudadanos de segunda de la UE? #15M #1Persona1Voto #spanishrevolution #democraciarealya #globalrevolution #nolesvotes

...algo si queda claro: España no es Francia Tras la reciente subida de impuestos llevada a cabo por el Gobierno hace unos días, hemos asistido a un intenso debate mediático con la clara finalidad de justificar los argumentos esgrimidos por el Gobierno para realizar tal subida, absolutamente contraria, como ya hemos podido comprobar gráficamente, a lo expuesto durante la campaña a las elecciones políticas, pero, sobre todo, intentando hacernos creer que, efectivamente, España se encuentra al borde de un abismo, que es absolutamente imposible sortear sin que los trabajadores contribuyamos con un gran esfuerzo extraído de nuestros salarios (y otros recortes) a través del IRPF. No voy a decir directamente que eso no es verdad, algo que quizás muchos, como yo, sospechen, sólo voy a limitarme a comentar algunos de los argumentos que se utilizan para convertir en verídicas las afirmaciones del Gobierno. En primer lugar hay que tener en cuenta que dos tercios de la subida de la recaudación prevista -6.200 millones de euros- llegan de las rentas del trabajo -por IRPF entrarán 4.100 millones- y las del capital sólo aportan 1.250 millones. El resto llegará del IBI. Esto sólo teniendo en cuenta las medidas que pretenden obtener ingreso, no aquellas otras que suponen gasto, que quedan anuladas y que suponen un recorte de expectativas de jóvenes (supresión de la renta de emancipación), dependientes (supresión de nuevas incorporaciones al sistema), recortes en I+D+I (600M€), gasóleo agrícola (200M€) o el permiso de paternidad, cuya ampliación se retrasa a 2013. Creo que el planteamiento del Gobierno es interesado, no -como quieren hacernos creer- forzoso. Y en este importante matiz se encuentra la base de la ideología política. Efectivamente, antes que plantearse abordar medidas de castigo al trabajador, que por otra parte sólo pueden tener un efecto de contracción aun mayor de la economía pues supondrán una importante caída del poder adquisitivo y por ende del consumo, deberían haberse abordado otras medidas, las cuales paso a enumerar: - Perseguir el fraude fiscal, que por sí solo supone el presupuesto total del sistema sanitario español (70.000M€), del que el 73% corresponde a las grandes fortunas, gran patronal y banca. Está claro que la evasión o fraude fiscal es un delito perseguido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con más que reconocida falta de eficacia por la falta de dotación de medios desde los distintos Gobiernos, algo en lo que este reciente Gobierno ya reincide al no intensificar la lucha contra el fraude, pues, como sabemos, el plan de lucha contra el fraude planteado hace pocos días se refiere a combatir la economía sumergida, algo que está lejos del fraude de diseño de las grandes corporaciones y, por si fuera poco, su ineficacia queda plasmada en el hecho de que el objetivo del plan es recaudar 2.000M€ menos que el plan contra el fraude del Gobierno anterior. Sobre esta materia hay un apartado, quizás tan importante o más que este, que lo componen las prácticas amparadas en la ley que todos suponemos que están al alcance de los grandes capitales de este país pero de las que nunca se nos habla. Esto corresponde con la figura tipificada como elusión fiscal. La elusión fiscal consiste en planificar todas las actividades económicas mediante la creación de sociedades, a fin de reducir al máximo posible el pago de impuestos. Es evidente que a estas prácticas sólo pueden acogerse, por capacidad económica, los más pudientes. Uno de estos mecanismos legales para la elusión fiscal que existen en España es el de las denominadas “Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros” (ETVE), que permiten que empresas extranjeras puedan establecer sociedades pantalla en nuestro país -con apenas una mínima inversión en concepto de recursos materiales y humanos-, con las que mover grandes sumas de dinero y cuyo objeto es eludir los impuestos que, de otra forma, irían asociados. Según señalan los Técnicos de Hacienda, las ETVE son un foco de fraude de gran importancia. La utilización de estas entidades puede servir para acceder a deducciones fiscales y también para compensar las ganancias económicas de otras empresas del grupo. El resultado final siempre es el mismo: la reducción de la cantidad de impuestos a pagar por las grandes empresas que utilizan estos mecanismos. Esto supone que nuestra legislación impositiva, la que ahora acaba de reformar el Gobierno para subir el IRPF a las rentas del trabajo, permite y ampara estas figuras que diariamente consiguen que grandes sumas de dinero no pasen por las arcas públicas, mientras sube la aportación del trabajador con su salario, a través del IRPF a dichas arcas. - Siguiendo con las alternativas, el Gobierno, como sabemos, no se planteó un nuevo impuesto a las grandes fortunas, o a los bancos. La interpretación mediática de esta medida es que esto obedece a que las grandes fortunas han de ser cuidadas por los Gobiernos, pues aunque paguen menos, son el capital que invierte y que con ello deja beneficios en el país. Por tanto, la teoría popularmente extendida es que si estas fortunas tuvieran que tributar más en España, probablemente emigrarían a otro estado donde serían mejor tratadas. Sin decir que esto no es cierto, expondremos la realidad del país vecino, Francia, ejemplo que nos sirve sobradamente, pues no sólo es vecino europeo, sino que además su peso específico en Europa es… Pues bien, en Francia en Junio de 2011 dieciséis de las mayores fortunas francesas pidieron al Gobierno que les impusiera un impuesto especial para contribuir a salir de la crisis que vive el país. Entre los firmantes figuran el presidente de L'Oreal y su máxima accionista, los patrones de la petrolera Total, el grupo hotelero Accor, el grupo alimentario Danone, el banco Société Générale, el operador de comunicaciones Orange, la aerolínea Air France-KLM y el fabricante automovilístico PSA Peugeot-Citröen. Una larga lista de grandes patronales y fortunas francesas. A raíz de esta petición, el Gobierno de Sarkozy llevó a cabo de inmediato dos medidas: 1- Anuló uno de los símbolos que implica la entrada en el círculo del poder, el “escudo fiscal”, esto es, la medida que prohibía que una persona, tuviera el patrimonio que tuviera, pagara más de la mitad de lo ingresado. Esta medida servía para que las grandes fortunas dejaran de pagar una parte de los impuestos que les correspondían. 2- En agosto de 2011 el Gobierno francés aumentó la presión fiscal sobre los grandes salarios de ese país con la creación de un nuevo impuesto del 3% sobre aquellos que perciban más de 500.000 euros anuales. Se trata de una imposición excepcional hasta que se alcance el objetivo del 3% de déficit, previsto para 2013. Ejemplo de una medida “excepcional”, como llamó el Gobierno español a la subida del IRPF, aunque bien distinta. - Sigue Francia sirviéndonos de ejemplo de lo que se puede hacer pero que este Gobierno no ha querido hacer, pues también ha establecido un impuesto a la banca: el Impuesto de Riesgo Sistémico Bancario, que entró en vigor en Francia en enero de este año para “fortalecer el sistema bancario”, tasando en un 0,25% a todos los bancos que a final de año tengan más de 500 millones de euros de fondos propios. - La última propuesta que nos queda es cambiar la regulación de las SICAV, algo que podría hacerse con el mismo gesto que el Gobierno se planteó subir el IRPF, aunque entonces quizás tendrían que haber puesto más ímpetu en la tarea de convencernos de que otras soluciones no son posibles… Otra política sí es posible, sólo que esta sería más equilibrada y justa, socialmente hablando, incluso más constitucional, pues el artículo 31.1 de la Constitución Española establece que todos han de contribuir “al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Por todo lo dicho, la subida de impuestos abordada por el Gobierno no sólo desfavorece a los trabajadores y es un foco de creciente desigualdad, sino que además contradice nuestra Constitución. Y queda en evidencia que si hay alternativas, conocidas por todos y que son demandadas como un necesario cambio de rumbo de esta política sólo para unos pocos. Reproduzco, a modo de ejemplo, un párrafo extraído del 40º Congreso de UGT (Abril de 2009): “UGT debe perseverar en la defensa de una fiscalidad más justa, con una lucha decidida contra el fraude fiscal y una mejor distribución de la carga tributaria. Ello implica una revisión del tratamiento de las rentas del trabajo, sin perder de vista la necesidad de avanzar en la armonización fiscal a nivel europeo, para evitar, entre otras cosas, una dinámica territorial de captación desfiscalizada de capitales.” Por cierto, ¿Y qué decía el PP sobre la presión fiscal en su Programa Electoral? Nada de incrementos. Al contrario. El Partido Popular se comprometía a “modernizar” el IRPF con el objetivo de “favorecer el ahorro, la inversión y el empleo”. Al mismo tiempo, elevando los mínimos familiares exentos en el IRPF “adaptándolos mejor a las circunstancias de los contribuyentes, especialmente en relación con las familias numerosas”. Ni una palabra sobre subidas impositivas, ni siquiera en circunstancias extraordinarias. Aunque, seamos positivos, al fin y al cabo esta es sólo una medida provisional. En palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, esto es sólo “el inicio del inicio”. Con los presupuestos en marzo llegarán más recortes y, tal vez, más subidas de impuestos. 8.900 millones de recorte y 6.200 de ingresos son 15.100 millones. Hasta 36.000 queda otro ajuste de 21.000 que llegará... ¿en marzo? No, me dicen que las elecciones andaluzas son el 25 de marzo… en abril entonces. Publicado por Mari Carmen Barrera

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