lunes, 5 de marzo de 2012

Análisis del editorial de El País sobre el caso Urdangarin #GlobalrEvolution #noalosrecortesdeRajoy #15M #spanishrevolution #nolesvotes


En fecha 4/03/2012, el periódico El país ha publicado un editorial bajo el título “El ‘caso Urdangarin’ y el futuro de la Monarquía”, en el que se deslizan opiniones que pretenden afianzar la continuidad de la opacidad y la conspiración de silencio que durante décadas han salvaguardado a la Casa Real de la exposición a la crítica, y el cuestionamiento social, mediático, y político.
El editorial intenta lanzar subliminalmente la idea de que actitudes pasadas del rey, loables y dignas de agradecimiento dado el contexto histórico en que se manifestaron, pueden ahora eximirle de hacerle objeto de crítica y cuestionamiento por actitudes del presente que indiciariamente han sido causa de enriquecimientos ilícitos por parte de personas de su círculo familiar. No por el hecho de serlo, sino porque se han aprovechado de su condición para abrir puertas a la corrupción.
A pesar de lo que dice el editorial en el siguiente párrafo:
Don Juan Carlos renunció en su día a los poderes recibidos, devolvió la soberanía al pueblo español, impulsó el cambio hacia la demrocracia y la protegió y defendió de los golpistas.
El rey no renunció a todos los privilegios preconstitucionales que le posicionaban por encima de la ley.
El Artículo 56.3 de la Constitución imposibilita a los órganos jurisdiccionales a actuar contra su persona si se diesen circunstancias que requiriesen de esta actuación, y al Tribunal de Cuentas se le niega potestad para fiscalizar sus cuentas. (véase “Desglose presupuestario Palacio de La Zarzuela. Madrid, 28 de diciembre de 2011”)
A pesar de ser rey desde el 22 de noviembre de 1975, a raíz de su nombramiento por el dictador general Franco, la Casa de Su Majestad el Rey no dio a conocer a la opinión hasta el 28 de diciembre de 2011 como el monarca distribuía la parte que se le otorga de los Presupuestos Generales del Estado por decisión de las Cortes Generales.
Es evidente que la prestancia de la Casa Real a ofrecer datos sobre sus cuentas se debió a la presión mediática y judicial sobre su entorno judicial. De propia voluntad jamás se ha prestado a dar transpariencia a su contabilidad. Si la Casa Real se vanagloria ahora de haber hecho de dominio público el desgloce de la partida presupuestaria que anualmente le es asignada, reconoce por inercia que los 36 años anteriores han sido opacos y cuestionables en cuanto a la transpariencia que se le supone debiera caracterizar a la Jefatura del Estado.
Pero aún así sigue en la opacidad la cuantía que indirectamente recibe de diversos ministerios para sufragar múltiples gastos, como los salarios de los empleados que prestan sus servicios en las dependencias de la Corona, los costos de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, o los desplazamientos, estancias, y dietas consecuencia de los viajes de miembros de la familia real y el personal que los acompaña.
Su Majestad Don Juan Carlos I no renunció por tanto tampoco a mantener sus cuentas en la opacidad después de la entrada en vigor de la Constitución.
Según declaraciones de la propia Casa Real efectuadas a fines de 2011, el rey conminó personalmente ya en 2006 a Iñaki Urdangarin para que dejase de hacer negocios con Diego Torres, al tener constancia, según declaró Urdangarin  durante su interrogatorio como imputado en la fase de instrucción ante el juez Castro, de sus probables irregularidades financieras por informaciones de prensa.
Oficialmente apartado de los negocios con Diego Torres después de la conminación real, Urdangarin fue compensado unas semanas después con el otorgamiento de un alto cargo en una empresa multinacional, cargo que conlleva una fuerte remuneración.
Y en 2009, ante el incremento de los indicios judiciales que apuntaban a la supuesta ilicitud de los negocios de Urdangarin y Cristina, el rey los envía a un exilio dorado en una mansión de Washington.
De este entramado se infieren indicios de que ha habido un posible encubrimiento de las actividades supuestamente delictivas de Iñaki Urdangarin. Y el encubrimiento de un delito está tipificado como figura delictiva en el Código Penal.
La convicción masivamente aceptada por la opinión pública es la de que por prescripción constitucional, el rey no es penalmente responsable de cualquier delito que supuestamente pudiera haber cometido.
El artículo 56.3 de la Constitución ¿exonera realmente al rey de la posibilidad de ser juzgado por la comisión de un delito tipificado en el Código Penal, o habla en realidad de que no está sujeto a responsabilidad por sus actos en calidad de monarca?.
Lo referido en el mismo apartado 3 respecto al artículo 64 dela Constitución podría avalar el segundo supuesto, y abriría así la puerta a que el rey fuese encausado por encubrimiento.
Si se entiende que el artículo 56.3 exonera totalmente al rey de responder ante cualquier tipo de delito, es evidente que no procedería encausarlo por encubrimiento si Urdangarin resultase condenado en un juicio al que aún no se conoce siquiera si llegará, pues es posible que a raíz de las pesquisas judiciales que tengan lugar durante la fase de instrucción se decida que a Iñaki Urdangarin no se le debe abrir juicio oral.
El siguiente párrafo del editorial de El País es absurdo:
“Se requiere deslindar legalmente las responsabilidades de los miembros de la familia real y de los demás parientes del Monarca; es preciso establecer una protección jurídica adecuada para su heredero;”
¿Deslindar legalmente las responsabilidades?.
¿No son acaso los miembros de la familia real y sus parientes próximos personas sujetas a la ley igual que cualquier otro ciudadano?.
Las responsabilidades de  la familia real y de los demás parientes están aclaradas y limitadas en el Código Penal..igual que para cualquier otro ciudadano. ¿Se pretende una deslindación especial para aquellos?.
De la forma en que continúa el párrafo, solicitando protección jurídica para el heredero, se infiere que lo que se pide para este y el resto de miembros de la familia real es una exoneración legal que los haga en la medida que se pueda, inmunes a la acción de los órganos jurisdiccionales.
Se busca con ello una protección jurídica que amordace y que criminalice a los críticos que puedan cuestionar determinadas actitudes de miembros de la familia real.
Opacidad e intocabilidad jurisdiccional es lo que pide el editorial de El País para los miembros de la familia real.
Esto es inadmisible en una sociedad democrática.

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