lunes, 16 de abril de 2012

Contra la monarquía, el rey, la reina, las princesas y el príncipe #GlobalrEvolution #noalosrecortesdeRajoy #15M #spanishrevolution #nolesvotes


"Nadie ignora que la monarquía española está en jaque. A su ilegitimidad de origen, se une una cada vez más inocultable falta de justificación moral y el creciente hartazgo de una sociedad enfrentada a las dificultades del día a día, que no comprende por qué una familia designada por un dictador genocida, acumula poder y tesoros sin mérito conocido.
El pasado 26 de abril, la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, reunida en sesión, acordaba trasladar a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión Constitucional un escrito en el que se solicitaba la restauración de la legitimidad institucional republicana, con todo lo que ello implica, no sólo el despido del funcionario jefe de Estado, sino también la adecuación de toda la estructura y principios organizativos de los poderes públicos en torno a las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, austeridad, laicismo, y pacifismo. (Ver el texto original presentado.)
Habida cuenta de quienes forman parte de la Comisión Constitucional, no es de prever que el documento sea tomado en consideración. Leer más...
Y no lo es por diversos motivos, entre los que destacaríamos el de oportunidad (antes de ratificar vía referéndum una reforma constitucional de esta envergadura, es preciso instruir a la opinión pública en conceptos como separación de poderes, representatividad proporcional, democracia participativa, y otros, que desde hace siete décadas se consideran tabú por parte del poder establecido).
Por otro lado, mientras el sistema político español esté en manos de una oligarquía de partidos, con un ejército mediático a su alcance, con vías de financiación virtualmente ilimitadas, opacas y ajenas a todo control independiente mientras el Ejecutivo surja del Legislativo, y éste renueve por tercios al Judicial; mientras no exista una Fiscalía independiente; mientras existan tribunales de excepción (la Audiencia Nacional) cuya jurisdicción alcance a las mismas personas que aprueban sus presupuestos; mientras el Tribunal de Cuentas carezca de poder efectivo; mientras el Senado sea un osario y el Consejo de Estado un cementerio; mientras permitamos que el jefe supremo de las fuerzas armadas siga siendo alguien designado por un genocida? será muy difícil que la ciudadanía haga valer sus derechos.
También hay mucho que hacer en el campo de la libertad de información, antes de poder enfrentar con garantías, un debate sobre la forma de gobierno en España. Como se ha repetido hasta la saciedad, en España, la monarquía no ha sido capaz aún, de enfrentarse a la prueba de fuego que supone una información libre y veraz. Hoy en día, todo cuanto rodea a los asuntos del jefe de Estado suele estar presidido por el inconfundible hedor a propaganda militar.
Pinochet y el Rey Juan Carlos IHoy España sigue siendo un Estado en cuya cabeza se encuentra un militar, vitalicio y hereditario, como en los más oscuros tiempos del medievo. En España, reconocer algo tan sencillo como que monarquía y democracia son antónimos, es motivo de escándalo. Unos salen al paso, con aquello del pragmatismo y de los consensos necesarios otros aducen la existencia de conceptos mixtos, como la tan cacareada "monarquía parlamentaria", paradigma de la contradicción en términos que vendría a ser algo así como una "democracia relativa" encabezada por un militar, no lo olvidemos.
Lo más probable es que la monarquía española se venga abajo, cuando el partido conservador se atreva a desearlo en público, sacando así al partido que se llama progresista de su ignominioso silencio.
El pasado 22 de marzo, el diputado por Barcelona Jordi Marsal (del grupo parlamentario socialista), en su calidad de presidente de la Comisión de Peticiones al Congreso de los Diputados tomó conocimiento de la solicitud y tras examinarla, la petición fue abordada en la sesión del 26 de abril, adoptándose el acuerdo de trasladarla a los portavoces parlamentarios de la Comisión Constitucional ?presidida por Alfonso Guerra?, al objeto de estudiar la apertura de un proceso de reforma de la Constitución que permita que todos los cargos públicos sean electos; que desvincule al Estado de cualquier credo religioso; que establezca una efectiva separación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; que se renuncie a la guerra como instrumento de política nacional; que restablezca la memoria de quienes lo dieron todo por el bien de los demás; que se respeten los mandatos surgidos de las urnas, sin que exista límite alguno a la capacidad de la ciudadanía para modificar pacíficamente la estructura económica de la sociedad, el trazado de las fronteras o la supresión de instituciones medievales restauradas por orden de dictadores ya fallecidos.
La cuestión está ahora en manos de Josep Antoni Durán i Lleida, Aitor Esteban, Ramón Jáuregui, Begoña Lasagabaster, Gaspar Llamazares, Paulino Rivero, Joan Tard? y Federico Trillo, quienes serán los encargados de resolver sobre el contenido de la propuesta y seguir adelante con el proceso de reforma constitucional.
El 10 de febrero de 2006Jaume d'Urgell solicita a la presidencia del Congreso de los Diputados de España que promueva la apertura de un proceso de reforma constitucional que contemple la supresión de la monarquía y la redefinición de las altas instituciones del Estado.
El paso siguiente será presentar una denuncia ante la sección militar del Tribunal Supremo, exigiendo la destitución del ciudadano Juan Carlos Borbón de su empleo como Capitán General, dado que nuestro actual ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad de que una persona armada (un militar) realice declaraciones políticas ni se inmiscuya en los asuntos del gobierno.
La campaña, se organiza en torno al sitio web: ContraLaMonarquia.es. Actualmente dada de baja.
El 15 de Octubre de 2005, Jaume d'Urgell hizo uso de su derecho de petición escrita a las Cámaras Legislativas, reconocido en el artículo 77 de la actual Constitución Monárquica de 1978, haciendo entrega de un documento en el que solicita de la Presidencia del Congreso de los Diputados, entre otras cosas: la supresión de la monarquía, la apertura de un proceso constituyente, la proclamación de la Tercera República, la defensa de los valores tradicionales de la República, el reconocimiento de la Memoria Histórica, y, en resumen: que todos los cargos públicos sean electos.
Además, el ciudadano señala las contradicciones en las que incurre la Carta Magna de 1978, al proclamar la igualdad de derechos ante la Ley, en sus artículos: 1º, punto 1; 9º, punto 2; y 14º y a su vez permitir los privilegios de la familia real, cuya existencia también es contraria a los artículos 1º; 2º, punto 1; 4º; 7º; y 21º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en resumen, vienen a decir que todos los seres humanos nacemos iguales en derechos y, por ende, no deberían nacer algunos de ellos siendo reyes, y otros no, puesto que eso es arbitrario, discriminatorio, injusto y absurdo.
Nótese que la referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos no está de más, puesto que la Carta Magna establece, en el artículo 10º, punto 2, su carácter de guía para esclarecer la interpretación de la propia Constitución.
Franco y el Principe Juan CarlosYa se han cumplido 30 años de la designación por eldictador Francisco Franco de su heredero, el Rey Juan Carlos I. Prorrogando de este modo el golpe de estado de 1936 contra la II República Española. La monarquía, La ley de Amnistía aprobada por el congreso en 1976 y la Constitución de 1978 representan la continuidad franquista en el actual sistema, autoproclamado democrático gracias a la intoxicación diaria de sus medios de propaganda.
Prueba de ello es el silencio casi absoluto sobre la concentración contra la monarquía en Salamanca, a pesar de ello, el objetivo es instaurar la Tercera República, fórmula de gobierno que reflejará con mayor transparencia, equilibrio y auto-control el deseo de la sociedad de participar en la gestión de los asuntos públicos, en base a los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Es muy probable que esta petición sea menospreciada, pero "el mayor fracaso es no intentarlo".

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