martes, 1 de mayo de 2012

¿Por qué insistimos en combatir los desastrosos recortes? Un somero análisis de la realidad #GlobalrEvolution #15M #spanishrevolution #democraciarealya #1Persona1Voto #nolesvotes


El análisis que presento no es el más profundo que pueda hacerse, pero hoy, 29 de abril, día de legítimas protestas y reivindicaciones en las calles españolas, no está de más ayudar a sustentar nuestras acciones con un consistente basamento teórico.
En primer lugar, nos centraremos en lo educativo. Después, hablaremos de lo sanitario. Observaremos mejor la relación que existe entre ambos bienes o servicios prioritarios en lo tocante a qué sector de la economía debe financiarlos, al menos preferentemente.
EDUCACIÓN
El capital humano es un factor que apenas es tenido en cuenta por los defensores acérrimos del modelo neoliberal. Una instrucción que abarque desde la formación más básica hasta la universitaria implica el aumento del nivel cultural de una sociedad, principalmente enfocado a una capacitación laboral que redunde en la calidad de los servicios prestados por cada grupo a los restantes. Añadido a este elemental dato está el hecho de que la libertad colectiva crece con un aprendizaje más preciso y comprensible de los factores que constituyen una rémora al cambio necesario que rompa paulatinamente con los imperativos impuestos por el sistema socioeconómico dominante. Es esto último, más que probablemente, lo que no deja dormir a los elitistas, preocupados porque las masas de extracción más o menos humilde consigan por sus propios méritos desplazar a las clases adineradas en la gestión de recursos de vital importancia y en la asunción de efectivos poderes políticos tradicionalmente en manos burguesas, reaccionarias y tecnocráticas. El poder popular requiere de acceso creciente a los puestos de mayor responsabilidad por parte de quienes no son escogidos a dedo por nadie, especialmente por los que nunca llegaron a donde están por haber luchado en otros campos por los derechos de la mayoría.
El papel del sector público en un contexto en el que se debería salvar a toda costa, a corto y medio plazo, las funciones más relevantes del otrora fuerte Estado del bienestar, encuentra su principal justificación en que las Administración mantenga competencias nada baladíes en materia de regulación y homologación de títulos oficiales y/o académicos. Sin embargo, los neoliberales, y los que siguen sus pasos, argumentan que es más conveniente, o incluso sólo conveniente, la financiación pública en el casode los niveles de enseñanza en que, según la mentalidad de esta escuela económica la persona es la que sale más beneficiada en el plano estrictamente individual (léase niveles universitarios medios , superiores y de posgrado).
Este argumento es pobre por cuanto no debería establecerse discriminación entre la formación profesional y el acceso a la Universidad. Puede que haya carreras cuya utilidad en un ámbito muy condicionado por lo mercantil sea insistentemente cuestionada, pero elevar las tasas académicas, sobre todo en estudios en que mucho más que la supervivencia se juega un pueblo, pongamos el ejemplo de la Medicina, está abriendo progresivamente las puertas a los estratos que disponen de las rentas más altas y que a su vez apuestan firmemente por la privatización de los servicios sanitarios. Por el contrario, los argumentos socialistas o aun socialdemócratas hacen hincapié en que una población que encuentra sólidos respaldos a la mejora de su formación, sufragada públicamente en su práctica totalidad, se muestra más motivada, incentivada y agradecida, ya que se esfuerza en devolver cualitativamente al conjunto social todo lo que ha hecho éste por invertir en progreso científico y técnico. Es dicho progreso precisamente el que coadyuva de manera decisiva al crecimiento económico general, a la subida del nivel de vida y, por tanto al consumo sostenible de los bienes y servicios producidos en un marco en que la eficiencia no se mide en puros términos de maximización de beneficios privados.
Las políticas educativas fundamentales se basan en cuatro tipos de posibilidades de intervención pública sectorial: centros públicos, centros privados concertados, sistema de cheque escolar y créditos avalados por el sector público.
Las ventajas en lo relativo a los centros públicos son fácilmente perceptibles. Mayor inclusión del alumnado, mejor control de la calidad del servicio, menor posibilidad de obtener títulos en función del poder adquisitivo de quien recibe la educación,…
Los partidarios del Estado mínimo, del apenas intervencionista, arguyen que la presencia de centros de naturaleza privada permite la competencia con los de titularidad pública al motivar a éstos a que mejoren la calidad de la enseñanza para no perder alumnos. Es muy discutible este enfoque de la situación, pues una buena inversión en instalaciones, un fortalecido régimen de inspecciones y visitas en relación con las mismas y una serie de medidas para garantizar la estabilidad del personal docente en sus puestos de trabajo es lo que convierte en innecesaria la prestación de un servicio por entes en los que el lucro y la rápida rentabilidad priman sobre derechos que deben estar efectivamente al alcance de cualquiera. Además, si la ineficiencia por falta o escasez de gasto público en materia educativa fuese notoria, no es la solución acudir a alternativas exclusivamente costeables por los que pueden permitírselas.
En cuanto a los centros concertados, podemos decir más de lo mismo: que el centro privado no se mueve por intereses ajenos al ánimo de lucro, y que el sector público posee información privilegiada respecto de los costes pertinentes para que pueda ser impartida la enseñanza en condiciones adecuadas.
El sistema de cheque escolar consiste en que el sector público entrega unos fondos a las familias que solamente pueden emplearse para pagar el coste de la enseñanza. Esta propuesta, de raíz estadounidense, está sensiblemente lejos de de lograr la integración de los diversos grupos sociales, bajo el injusto criterio de la “exclusividad”. Es asimismo criticable porque , a pesar de los oportunos mecanismos externos de evaluación orientados a evitar un alto nivel artificial de alumnos aprobados o con calificaciones elevadas, este fenómeno, en la práctica, genera poca fiabilidad en la eficacia del sistema, cosa que no ocurre generalmente en el terreno de la enseñanza pública, tal como la experiencia acredita.
Finalmente, el planteamiento en el sistema de enseñanza de créditos avalados por el sector público hace, en principio, asequible para su receptor la obtención de ingresos superiores. Esto se da en España, desde hace muy poco, por obra y gracia del plan de estudios Bolonia, tan polémico como rechazable en numerosos aspectos. Las becas préstamo, muy solicitadas cuando se desea cursar un máster universitario, de poco sirven cuando los peticionarios del crédito tienen muy pocas esperanzas, y esto es lógico, en encontrar un trabajo cuyos ingresos les permitan restituirlo. El discurso neoliberal hace hincapié en que si el Estado avala el capital y los intereses de los créditos de todos los solicitantes, el gasto será excesivo de no poner límites cuantitativos o en determinadas condiciones para su acceso. ¿Qué podemos objetar si comentamos este matiz? Pues que en la España de hoy, tendente al ultraliberalismo o, en el menos negativo de los casos, a una especie de keynesianismo de derechas, en sintonía con mandatos europeos y extrarregionales, destinar fondos públicos exorbitados al plano militar, que es el más sangrante, la excusa de la austeridad en lo que al régimen hegemónico le conviene se derrumba por su propio peso.

SANIDAD
El gasto sanitario de carácter preventivo es imprescindible para evitar situaciones que pudieran ser catastróficas si no se evitan a tiempo. Las campañas de concienciación a la ciudadanía no son suficientes, de acuerdo con los paladines del neoliberalismo, si el ciudadano no se toma en serio las recomendaciones de las autoridades sanitarias y no pone nada de su parte, o pone muy poco, para que no se dispare el gasto como consecuencia de una falta personal de cuidado.
Así, cuando se implantó gradualmente en nuestro país la prohibición de fumar en los espacios públicos, las formaciones políticas más conservadoras se opusieron a que las Administraciones Públicas corriesen con los gastos en materia de tratamiento del tabaquismo. Esta postura conecta con el pensamiento que aún prevalece en la clase dominante de Estados Unidos, país del que se suelen importar las medidas más antisociales. Las compañías aseguradoras de la salud estadounidenses tratan de justificar su mezquindad a la hora de cubrir las enfermedades de sus asegurados con el argumento del riesgo moral, es decir, de la situación en que la probabilidad de que tenga lugar un suceso depende de la conducta del sujeto. De este modo, si alguien con diabetes no renuncia al consumo de alimentos azucarados, y se halla en un serio riesgo de perder por amputación el dedo de un pie, su comportamiento lo puede evitar el temor a que salga de su bolsillo el dinero preciso para recibir la correspondiente atención médica.
Este planteamiento colisiona con con la opción ya mencionada de implementar campañas informativas o la de establecer tributos sobre productos perjudiciales, en mayor o menor medida, a la salud general y a la específica.
Y es ahora cuando pasamos a analizar el tema del copago sanitario, frente al cual el actual Gobierno central español y el autonómico catalán se muestran negacionistas en cuanto al propio uso de la expresión. Los valedores de esta controvertida medida sostienen que lo que ellos llaman ticket moderador, esto es, un pago introducido en las recetas de todos los fármacos y para todos los colectivos, tiene la “ventaja” de eliminar lo que ellos consideran discriminación de los consumidores según sean éstos pensionados y enfermos crónicos, por un lado, y los restantes beneficiarios, por otro. De momento, a nivel estatal pretende implantarse un copago discreto que tiene en cuenta la diferencia entre pensiones contributivas y no contributivas; y, dentro de las primeras, la cuantía ingresada por sus perceptores en cada caso.
No obstante, es comprensible que sean los jubilados particularmente quienes protestan con más energía por lo que valoran como una suerte de penalización las propuestas en este sentido. Toda la vida trabajando y cotizando para tener que padecer en este tramo de su existencia lo equivalente a un palo en la rueda de su carro. Habría dinero suficiente, por no decir de sobra, para cubrir la adquisición de medicamentos sin adoptar decisiones tan impopulares. Basta con una presión fiscal superior sobre rentas de capital muy altas o las provenientes de la propiedad de un patrimonio que es ocioso en una buena parte de los casos. Más imposición directa y menos zancadillas al consumidor medio, que apenas puede ahorrar. Lo del incremento del IVA es contraproducente y, ante todo, sustituible.
En España viene confirmándose en los últimos años la tendencia a la privatización de los servicios sanitarios. Ahora mismo, la sanidad privada cuenta con más clínicas que la pública. Continuamos por esta senda con la americanización de la economía a la que se ha hecho referencia con anterioridad.
Lo peor de todo es que quienes dispensan cuidados médicos en los centros privados propenden a deshacerse, en hospitales concretamente, de aquellos pacientes que presentan menores probabilidades de recuperación satisfactoria. Se prefiere al tipo de paciente que deja en en el centro todo el dinero que se le pueda sacar, casi siempre, por causa de una información errónea o tergiversada acerca de su estado de salud. Como en el caso de la educación, también aquí prevalece el deseo de rentabilizar al máximo el mal ajeno. Y esto no sucede en los centros sanitarios públicos, aun cuando muchos de sus cuadros médicos no excluyen en otras franjas horarias, el ejercicio de su profesión en el sector privado.
Escandaliza el significativo desempleo de auxiliares de clínica , ayudantes técnicos sanitarios, celadores, galenos, etc. cuando asistimos al estímulo de la precarización de un servicio público para robustecer el galopante predominio de lo que patrocina el lema “tanto tienes, tanto mereces”. De ello la Comunidad de Madrid es todavía el máximo exponente en nuestro entorno.  Eso sí, para demoler edificios que fueron creados para la atención pública de la salud con el objetivo de destinar terrenos a la construcción de grandes superficies comerciales, siguen amparándose obscenamente los plutarquistas de siempre en el recordatorio de la contención del déficit y del abandono de la regla del presupuesto equilibrado.
El análisis que he presentado no es el más profundo que hacerse pueda ni ofrece soluciones perfectas a los problemas examinados. Pero hoy muchas calles españolas están tomadas por gentes que no deben desistir de sus legítimas protestas y reivindicaciones. Por tanto, no está de más estudiar o repasar causas, consecuencias y remedios que nos ayuden a sustentar nuestras acciones con un basamento teórico de cierta cohesión.
 ¡¡¡ NO A LOS TIJERETAZOS!!! ¡¡¡RECORTEMOS Y ANULEMOS LAS ARBITRARIEDADES!!!

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