sábado, 25 de agosto de 2012

La reforma del Gobierno para facilitar desahucios fomenta la seguridad jurídica de propietarios y sector financiero y da la espalda a la exclusión social de miles de familias


La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA considera que esta reforma se ha realizado para atender las demandas del sector financiero, que necesita alquilar viviendas a corto plazo y facilitar al máximo los desahucios para acelerar los procesos.
La APDHA muestra su más absoluta decepción ante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar desahucios
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España se han llevado a cabo 46.559 desahucios en el primer trimestre de 2012, 185.145 desde 2007 (Andalucía se sitúa a la cabeza con 72.900). Miles de familias sin hogar viven en la más absoluta precariedad, con el 35% de pobreza en Andalucía, siendo la media española del 22%. En este contexto, el Gobierno, con el objeto de solucionar el problema del derecho a la vivienda, ha modificado hoy la Ley de Enjuiciamiento Civil para favorecer la seguridad jurídica de los propietarios y crear más desprotección para los inquilinos.
En nuestro país siempre ha prevalecido, y se ha fomentado desde las Instituciones Públicas, la cultura de la propiedad. Según datos de 2010 de Eurostat, un 83% de la ciudadanía reside en una vivienda de su propiedad, frente al 17% restante que alquila principalmente (porcentaje algo más elevado en Barcelona, que ronda el 25%).
Sin embargo, a finales de 2010 había 687.523 viviendas vacías que no hallaban comprador. Pero ese número era sólo de viviendas de nueva construcción, a él debemos añadir los miles de desahucios que se están produciendo al mes durante los últimos dos años. El Censo de Población y Viviendas de 2001 del INE estaba ya en más de tres millones en las casas vacías.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA considera que esta reforma se ha realizado para atender las demandas del sector financiero, que necesita alquilar viviendas a corto plazo y facilitar al máximo los desahucios para acelerar los procesos.
¿Es ésa la solución que se le da a las miles de familias avocadas a vivir hacinadas, en condiciones insalubres o directamente en la calle? ¿Cuántos ciudadanos en situaciones de vida indignas, a causa de una crisis que no provocaron, hacen falta en España para que el gobierno garantice el derecho universal a la vivienda?
El derecho al uso y disfrute de una vivienda digna es hoy en día un lujocuando debería estar garantizado para toda la ciudadanía y no solamente para beneficiar a quienes se enriquecen y especulan con este derecho básico. Los ciudadanos y ciudadanas debemos levantar la voz y exigir a los gobiernos nacionales y autonómicos que legislen ya para que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas, se cumplan los derechos constitucionales y los derechos humanos. Debemos levantarnos y exigir un cambio de rumbo. Debemos obligar a quienes gobiernan a que lo hagan para la ciudadanía y no para los mercados, los especuladores y el capital.
Reivindicamos algunas medidas que se podrían haber aprobado en el día de hoy, y que muchos movimientos sociales están exigiendo ya:
1. Cese inmediato de la privatización del parque público de vivienda de todas las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos); unificación de la administración de todas las existentes.
2. Cese inmediato de la venta del patrimonio público de suelo.
3. Reorientar toda la actividad de promoción e inversión pública destinada a vivienda, hacia la vivienda pública en alquiler y hacia la rehabilitación (en este caso, con contraprestaciones sociales por parte de los propietarios que se beneficien de tales ayudas).
4. Creación de un Banco Público que sirva, entre otras cuestiones, a la política pública de vivienda.
5. Erradicación de la infravivienda satisfaciendo la necesidad de una vivienda digna.
6. Expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual durante un año, para cederlas en arrendamiento, incluyendo el enormeparque de viviendas de las entidades bancarias, así como expropiación de las viviendas de protección oficial en manos de los bancos tras ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función de uso social.
7. Expropiación de las viviendas cuyos propietarios desatiendan su deber legal de conservarlas en adecuadas condiciones de habitabilidad, ya las tengan arrendadas o vacías, para, previa su rehabilitación, cederlas en arrendamiento
8. Despenalización por el Parlamento de la nación española de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.

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