miércoles, 12 de septiembre de 2012

De la crisis económica a la crisis política ¿Fin bipartidismo ? #democraciarealya #marchascongreso #GlobalrEvolution #15M #nolesvotes



La crisis económica en España es tan profunda que está abriendo la posibilidad de una caída del bipartidismo.
El PP podría pasar rápidamente de la mayoría absoluta a una caída tan histórica como la del PSOE. Lo siguiente sería una “gran coalición” PP-PSOE, que es ya, de hecho, la única propuesta de Rubalcaba, también sostenida por el diario El País (editorial del 29-7-2012). Pero es probable que esta coalición tampoco aguante, porque la salida de la crisis que proponen tarde demasiado y termine con una suspensión de pagos y la salida del euro.
El guión sigue de cerca al de Grecia, que repite el que siguió Argentina en 2001. Los griegos han dado otra oportunidad a los dos grandes partidos tradicionales, pero es muy probable que sea para que acaben de quemarse, suspendiendo pagos y saliendo del euro. En este sentido, a Syriza le habría venido bien no haber ganado en junio de 2012. Syriza puede considerarse análoga a la coalición del FPV de Kirchner (con diferencias evidentes en su composición, sin duda, pero análoga). Una coalición semejante podría surgir en España a medida que la crisis económica se transforme en crisis política.
La crisis en Argentina alcanzó primero al ala derecha del Partido Justicialista que, liderada por Menem, abrió el país a la especulación financiera en una década de políticas neoliberales, convertibilidad incluida. La presidencia de de la Rúa, líder del otro gran partido tradicional, el Partido Radical (actualmente en vías de extinción), apenas consiguió mantenerse dos años, hasta que el presidente tuvo que huir en helicóptero en diciembre de 2001, en medio del “que se vayan todos”. Le sucedieron la mayor suspensión de pagos de la historia, la salida de la convertibilidad (con la consiguiente depreciación del peso) y cinco presidentes en año y medio, hasta que una nueva coalición electoral, el Frente para la Victoria (FPV), liderado por Néstor Kirchner, ganó las elecciones en 2003.
En realidad, la economía había empezado a recuperarse a raíz de la suspensión de pagos y del fin de la convertibilidad en 2002, pero el kirchnerismo ha acompañado esta recuperación con políticas redistributivas, medidas proteccionistas y renacionalizaciones. Es cierto que el límite de este modelo es la inflación pero, de momento, la economía sigue creciendo a pesar de la crisis, con una notable recuperación de la industria (principalmente manufacturera) y una mayor redistribución de la riqueza.
Para la economía ortodoxa la profundidad de la crisis en países como España, Grecia, etc., se debe a su falta de competitividad. Para los keynesianos (Krugman, Navarro, Varoufakis,…), por el contrario, se debería a la falta de demanda ocasionada por un gasto público reducido obedeciendo políticas neoliberales. Aunque para ambos la crisis se origina en el sector financiero. Los economistas marxistas (Shaihk, Carchedi, Astarita,…) disienten en esto último y ven el origen de la crisis en las contradicciones del sector productivo, pero coinciden con los ortodoxos en la tesis de la falta de competitividad (o de productividad). Esto podrá sorprender, pero se puede explicar fácilmente: Para la economía marxista la competencia constituye la característica esencial (la contradicción principal), no ya del capitalismo, sino del mercado. El mercado consiste en la separación de los productores y el capitalismo es una ampliación del mercado por la mercantilización de la fuerza de trabajo. El problema de la competencia es que unos ganan en la medida en que otros pierden. Las crisis no son más que esto, en el fondo: el resultado de la competencia, la destrucción de los capitales menos competitivos. La destrucción de capital es la destrucción de la relación social que constituye el capitalismo y que se manifiesta en las quiebras de empresas y el aumento del desempleo. Pero, al mismo tiempo, esta destrucción pone las bases para la recuperación.
La economía española está cayendo mucho más que otras porque es menos competitiva. Con la peseta, España podía solucionar temporalmente sus crisis mediante la devaluación, bajando así, de un plumazo, los salarios para ganar competitividad. Con el euro, los bancos alemanes, holandeses, etc., han podido prestar a los españoles, griegos, etc., a tasas muy bajas sin temer una devaluación y, así, los segundos, a pesar de la disminución de sus salarios reales, han podido comprar las mercancías de los primeros a crédito.
Pero sólo hay dos formas de aumentar la competitividad: el desarrollo tecnológico o la reducción de los salarios. La apuesta de la clase capitalista española, típica de un país periférico, ha sido casi siempre exclusivamente a lo primero. Ahora aprovechan la crisis para redoblar su apuesta. La primera opción no le interesa ni al capital financiero español, que busca rentabilidades altas y a corto plazo, ni al capital centroeuropeo, que no quiere competencia. Además, el desarrollo tecnológico no podría conseguirse sólo a base del famoso “gasto en I+D” (la fórmula de moda): la única posibilidad real sería que fuese acometido directamente por el Estado.
En cuanto a la reducción de los salarios reales se abren dos posibilidades, y es probable que una suceda a la otra. La primera consiste que los salarios bajen como consecuencia de la crisis, apoyada por reformas laborales que eliminan o limitan derechos de los trabajadores, pero permaneciendo en el euro (condición necesaria para el capital financiero). Esta es la apuesta actualmente dominante. La segunda pasa por la suspensión de pagos y la salida del euro, que provocaría una devaluación y, con ello, una bajada más rápida y general de los salarios.
Aquí conviene distinguir entre estos “mecanismos” de solución de la crisis y la redistribución del coste de la misma. Esta redistribución depende de la procedencia de los impuestos y de su destino. La mayor parte de la recaudación proviene de los salarios, lo que apenas es contrarrestado por la progresividad de una parte de los impuestos (el sentido de la progresividad no es éste), ya de por sí limitada y evadida. Por tanto, los rescates y los recortes son mayoritariamente una detracción de los salarios para el pago de intereses. Por el contrario, cuando se incrementa el gasto público para aumentar la demanda, dicha detracción se transforma en salarios para los trabajadores de las empresas concesionarias, en beneficios para sus propietarios, etc. Está claro que los rescates y los recortes agravan la crisis. La redistribución a través del gasto público favorece en primer lugar a los trabajadores más afectados por la crisis y contrarresta en parte la disminución de la demanda, pero también contrarresta la bajada de los salarios reales, que es uno de los mecanismos de salida de la crisis.
Pero la distribución del coste de la crisis no divide sólo al capital financiero del resto de la sociedad. Los trabajadores más afectados por la crisis están en contra del rescate a los bancos y los recortes, pero buena parte de los que tienen salarios más elevados, y más miedo de perder sus ahorros que sus puestos de trabajo, están a favor. Igualmente, los primeros exigen medidas redistributivas, pero los segundos temen que éstas sean a costa de mayores impuestos y prefieren que se destinen directamente a mantener sus depósitos.
La prioridad absoluta para el PP y el PSOE es el pago de la deuda y a ello obedecen los recortes. Pero también piensan que las reformas, al deprimir aun más los salarios, ayudan a poner las bases para una recuperación de la rentabilidad y, con ello, de la inversión, el empleo y el crédito. Esto es cierto sólo en general o en abstracto: la propia crisis, con la destrucción de empresas y de empleo (mejor dicho: con la destrucción de capital, que es una relación social) en que consiste, pone las bases para la recuperación. Pero la recuperación de la economía española depende también de la recuperación internacional y se ve afectada a su vez por la evolución de la crisis política generada por la propia crisis económica.
El problema es que la crisis es demasiado grave en España, y hasta que las inversiones suficientes llenen el gigantesco agujero dejado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, desarrollando un sector exportador que compita con menores salarios, como se pretende, puede pasar mucho tiempo, sobre todo si también se pretende continuar en el euro.
La pregunta no es ya cuánto tiempo va a poder aguantar el PP con un 25% de paro y continuando con los recortes que impongan los próximos rescates, sino cuánto tiempo podrá aguantar la coalición PP-PSOE que le suceda. Quizás podría aguantar lo suficiente si la presión social no lo impide, si, sobre todo, no surge una alternativa electoral, si da tiempo a que el desempleo comience a disminuir, aunque sea lentamente, gracias al crecimiento del sector exportador y del turismo, impulsados por la bajada de los salarios. La compra de bonos y las inyecciones de liquidez por parte del BCE, y una posible renegociación de la deuda podrían ayudar a ganar tiempo, solamente. Pero la recuperación sería muy lenta y dolorosa en este caso.
Pero cuanto más tiempo tarde en llegar la recuperación, mayor será la crisis fiscal, mayores serán los rescates y los recortes, mayor será la presión social y mayor será la crisis política. A su vez, la presión social y la crisis política retrasarán aun más la recuperación, retrayendo la inversión extranjera y el turismo. El Estado estará cada vez más cerca de declararse en suspensión de pagos. Pero una suspensión de pagos tendría como consecuencia la salida del euro, que provocaría el pánico entre los ahorradores. La salida a la calle sería entonces masiva y el escenario sería muy parecido al de Argentina en 2001.
La suspensión de pagos y la salida del euro serían traumáticas, pero pondrían las bases para una recuperación más rápida a través de una depreciación de las futuras pesetas. La crisis del PSOE y el PP abriría la posibilidad para que llegase a gobernar una coalición de izquierdas que podría dar marcha atrás a los recortes y las reformas y poner fin a décadas de políticas neoliberales en España mediante políticas redistributivas. El aumento de precios de las importaciones es un precio que merece la pena pagar por la disminución del paro y de la pobreza.

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